Que pasó con los nuevos límites de velocidad?
Ni la propia ley, ni sentencias de tribunales, ni con derechos de petición se ha logrado que el Ministerio de Transporte cumpla con la nueva reglamentación que aprobó el Congreso.
El 25 de julio del año pasado, el presidente Álvaro Uribe sancionó la Ley 1239 que aumentó los actuales límites máximos de velocidad en ciudades y carreteras nacionales.
Dicha ley fijó en 80 kilómetros por hora en la ciudad la velocidad máxima, y de 120 en carreteras nacionales para carros de uso particular. Mantuvo los actuales límites en zonas escolares, y estableció que los vehículos de transporte escolar, de transporte público de pasajeros y de carga deberán respetar los límites actuales (60 kph en ciudades, y 80 kph en carreteras).
Han transcurrido cerca de 15 meses desde que la ley entró en vigencia y hasta hoy, ni alcaldes, gobernadores ni el Ministerio de Transporte, han movido un solo dedo para reglamentar los nuevos límites de velocidad.
La Ley 1239 obliga a las autoridades mencionadas a acometer la debida señalización de estas restricciones, y a establecer la velocidad máxima y mínima en las zonas urbanas y en las carreteras nacionales y departamentales "de forma sectorizada, razonable, apropiada y coherente con el tráfico vehicular, las condiciones del medio ambiente, la infraestructura vial, el estado de las vías, visibilidad, las especificaciones de la vía, su velocidad de diseño y las características de operación de la vía."
Sin embargo, ni las acciones interpuestas por ciudadanos, ni las decisiones adoptadas por altos tribunales han hecho posible que se cumpla la ley.
Por encima de las disposiciones
Y para la muestra un botón: el pasado 2 de abril el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, resolvió en segunda y última instancia, una acción de cumplimiento instaurada por el profesor e investigador de la Universidad del Rosario Manuel Alberto Restrepo Medina.
Esa decisión del Tribunal le fijó al Ministerio de Transporte un plazo de cinco meses para señalizar los nuevos límites de velocidad en el país. Ese plazo se venció en septiembre pasado.
De esos cinco meses, el Ministerio tenía tres para contratar los estudios técnicos requeridos, y dos más para señalizar y fijar los nuevos límites de velocidad en las carreteras nacionales.
Se indagó en el Ministerio para saber en qué iba ese proceso, pero no hubo una respuesta definitiva. Un funcionario de esa cartera dijo que "estaban trabajando en el tema y que cuando todo estuviera listo lo harían público".
Y como tampoco obtuvo respuesta, el profesor Restrepo Medina radicó la semana pasada un derecho de petición para que le den los argumentos jurídicos por los cuales no se ha cumplido con la ley ni con lo que ordenó el Tribunal.
En todo caso, las autoridades tienen la posibilidad de decir que dejan vigentes los actuales límites de velocidad por distintas razones, como por ejemplo, alegar que las vías no cumplen con las condiciones técnicas.
No obstante, no se entiende que hoy el país esté avanzando en la construcción de dobles calzadas con altas especificaciones técnicas y de alta ingeniería, para que los autos modernos equipados con mejor tecnología y mayores elementos de seguridad tengan que andar a 80 kilómetros por hora.
Una velocidad que es superada fácilmente hasta por los carros de menor cilindrada, que tiene a la Policía de Carreteras haciendo su 'agosto' en las carreteras nacionales.
Prueba de ello, es que según las mismas autoridades, el exceso de velocidad figura en el 'top cinco' de infracciones. Hasta agosto pasado se habían impuesto 24.887 comparendos por violación a esa norma.
Por eso, muchos lectores de la revista Motor y la Sección Vehículos se preguntan si por mantener los 80 kph ¿No es más peligroso estar pendiente a todo momento del velocímetro y de los radares de la policía, que de las curvas, los conos y la doble línea amarilla?
Por qué aumentar los límites?
Una de los principales argumentos para aumentar los límites de velocidad que esgrimió el senador Miguel Pinedo, autor de la ley, es que en los últimos años Colombia viene desarrollando una infraestructura vial moderna.
Casos como las dobles calzadas Bogotá - Girardot, o Bogotá - Sogamoso representan un claro mejoramiento y optimización de la infraestructura vial nacional frente a lo cual, la legislación debe flexibilizarse y evolucionar junto a los temas que desea reglamentar.
En ese sentido, Pinedo sostuvo que frente a las nuevas posibilidades de carreteras, "los actuales límites de velocidad se quedan cortos no solo a nivel nacional sino también a nivel local".
Los automóviles, agregó, "también han venido evolucionando no solo en el desarrollo de mayores velocidades sino también de mejores tecnologías de protección, de frenado y de seguridad para los ocupantes de los vehículos. Frente a éstos fenómenos, la legislación debe evolucionar, acomodarse a los nuevos contextos y no permanecer arcaicamente estática mientras las dinámicas sociales se transforman".
Fuente: EFE
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