A juzgar por las campañas de represión (no de control) que adelanta la policía y de la que fui víctima y testigo por parte de la policía de carreteras este domingo, tal parece que la respuesta es SI.
Hemos sido declarados indeseables a juzgar por los desproporcionados operativos policiales cuya estrategia se enfoca a sacar de las carreteras a la mayor cantidad de motociclistas posible. Para tal efecto, la policía utiliza un modus operandi que aunque legal desde el punto de vista jurídico, es muy cuestionable desde el punto social y ético: intensifica de forma indiscriminada y hasta seviciosa la aplicación de unos parágrafos de la Ley de Tránsito sobre los cuales pesa un concepto de inconstitucionalidad por parte de la Procuraduría y que más temprano que tarde serán declarados inexequibles por la Corte Constitucional. Pero son justamente esas características discriminatorias y aberrantes las que le permiten adelantar con precisión una persecución a los ciudadanos que eligieron la motocicleta como su medio de transporte.
Es muy dificil saber cuales son las motivaciones reales de la Policía para adelantar esta enorme campaña de inmovilizaciones, pero lo que me queda claro es que la reducción de la accidentalidad no es ni la principal ni mucho menos la única razón para semejante atropello.
En cambio si se me vienen a la cabeza toda clase de razones distintas: Por ejemplo no se me olvida que el comandante de la policía de Carreteras, uno de los dos personajes más nefastos para la movilidad en los últimos años (el otro fue Uriel Gallego) promovió en el gobierno anterior por acción u omisión, toda suerte de trabas a las normas e iniciativas que pretendían mejorar la movilidad en las carreteras; Entre Palomino y Gallego le torcieron el cuello a la ley que aumentaba los límites de velocidad, aunque algo bueno resultó del ejercicio: ellos demostraron quien decide y cómo se hacen las cosas en este país; ilusos los ciudadanos que piensan que quienes deciden son los padres de la patria y que son suficientes las normas que salen de los escenarios democráticos para vencer la oposición de funcionarios mediocres como estos.
Tampoco se me olvidan los escandalos de corrupción que rondan a la policía y por eso no descarto una manguala entre policías, gruas y parqueaderos bajo una modalidad más lucrativa y es la de subir ocho motos en una grúa y cobrar un recorrido ocho veces y de la misma forma generar ocho cobros de parqueaderos utilizando el espacio de solo dos automóviles.
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Pero lo que más me indigna que el objeto del ordeño sean las personas humildes como un señor en una AKT 125 que bajaba repartiendo arepas de tienda en tienda en Silvania; fue multado y su moto le fue inmovilizada con arepas y todo cuando salía del local de uno de sus clientes por “circular por la berma”… y lo anecdótico del asunto es que estaba en zona urbana.
Me gustaría pensar que estas situaciones suceden porque tenemos una institución que realmente se preocupa por la seguridad de las personas en las vías… desafortunadamente mi confianza y credibilidad en la policía como institución y en los policías de carreteras como agentes de la ley después de lo que ví hoy va a ser sumamente escasa.