Cometer una infracción en una carretera de Cundinamarca fácilmente puede convertirse en una amarga experiencia por cuenta de la ineficiencia de varios empleados y la perversión de un sistema que, pese a las últimas reformas, aún sigue siendo una burla para los ciudadanos.
Lo pude vivir esta semana después de que un agente de la Policía de Carreteras consideró que había incurrido en una infracción en el kilómetro 45 de la vía Zipaquirá-Ubaté, cuando intenté esquivar un viejo vehículo, cuyo conductor no usó las luces de parqueo para orillarse.
"Señor Sánchez, usted adelantó en un lugar prohibido en una maniobra peligrosa. Grave error. Por lo tanto, se le procederá a expedirle un orden de comparendo", me dijo el agente sin atender mis explicaciones.
Indignado, como todo colombiano al que le amargan la vida con un parte, llamé una amiga para consultarle qué podía hacer.
Ella, amablemente, me dijo que podía impugnar el comparendo, porque en Colombia se respetaban los derechos de los conductores.
Animado por el espíritu garantista de nuestro país me fui para la Secretaría de Tránsito de Zipaquirá para impugnar el comparendo, pero en esa dependencia me encontré con toda suerte de excusas, funcionarios malhumorados y respuestas prejuiciosas.
Primero, la oficina queda en una calle destapada -que buen ejemplo-; segundo, no hay una sola oficina de información para los usuarios, y tercero, preguntar puede ser catalogado un delito.
Cuando pregunté dónde podía radicar los documentos de impugnación me dijeron: "Vaya a la ventanilla del fondo", pero ahí me respondieron: "No, eso es la en la puerta gris", y en ese lugar me aseguraron que lo mejor era ir a la ventanilla siete, donde finalmente me aclararon que lo correcto era subir al segundo piso.
Tras dar con la oficina de impugnaciones me encontré con dos funcionarios, uno de ellos llamado el doctor Luis Felipe, quien me aseguró que él se conocía muy bien la vía y que lo más seguro era que yo tendría un fallo en contra, pero que si quería impugnar lo podía hacer, pero en horas de la tarde, porque estaban muy ocupados.
Ante la advertencia de que tendría un fallo adverso, decidí preguntar si podía pagar el comparendo en Bogotá, pues ya había perdido mediodía de trabajo. Tuve que repetir el mismo recorrido: la ventanilla del fondo, la puerta gris...,pero sin respuesta satisfactoria.
Sólo un tramitador me comentó que podía hacer un curso en Bogotá o Zipaquirá para obtener un descuento del 50 por ciento en la multa.
Al día siguiente, en Bogotá, madrugué a hacer la inscripción en el curso. Hice una fila de una hora, me exigieron el pago anticipado de 64 mil pesos y me advirtieron que debía estar a la 1:50 de la tarde para iniciar el curso.
Imaginé que nos harían una larga charla de las señales de tránsito o que nos proyectarían un video sobre la importancia de respetarlas -como le ocurrió a mi padre hace varios años-, pero lo que nos encontramos fue algo decepcionante.
En sólo cinco minutos, sí, cinco minutos, una funcionaria nos mencionó que las leyes 769 y 1383 nos permitían impugnar los comparendos o tomar un curso para lograr una reducción en la multa y, a renglón seguido, nos dijo que de inmediato nuestros certificados serían entregados para poder pagar la mitad de la multa.
¿Eso fue todo? ¿Esta es la resocialización que debemos recibir los infractores? ¡Vaya! En ese momento entendí porque en la oficina de Zipaquirá no se preocupan por ofrecer información o desestiman cualquier intento de impugnación. Al fin de cuentas, sentí que sólo querían que les desembolsara pronto mi dinero.
Fuente: El Tiempo